PLENO 5 OCTUBRE | La moción contra la amnistía sale adelante con el apoyo de PP y VOX
España vive una situación de extrema gravedad para la Unidad nacional, la convivencia entre españoles, la democracia y el Estado de Derecho. Estamos muy cerca de volver a vivir un golpe de Estado contra España como el de 2017, ahora perpetrado directamente desde La Moncloa.
Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene ningún límite moral ni político y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de continuar en la Moncloa. En este sentido, no nos ha de extrañar que vuelva a tender la mano a los herederos de ETA y los separatistas para incorporarlos en la dirección política del Estado a cambio de sus votos.
El legado de Sánchez será el del golpe continuo al orden institucional y el de la indulgencia con los criminales.
El “principio de jerarquía normativa” (artículo 9.3 CE) consagra la primacía de la Constitución sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Así, si una norma es contraria a la Constitución será inconstitucional. En este sentido, defender la constitucionalidad de una “Ley de Amnistía” amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (norma de rango inferior a la Constitución) supone una ruptura de dicho principio y evidencia la torpeza jurídica del PSOE y Sumar.
Cabe apuntar que los partidarios de la constitucionalidad de una “Ley de Amnistía” tratan de confundir a los españoles señalando que países como Francia y Portugal sí que han aprobado leyes de amnistía sin que ello haya supuesto problema alguno. Sin embargo, es conveniente matizar esta afirmación:
Ambos países reconocen expresamente la amnistía en sus textos constitucionales (artículo 161 de la Constitución portuguesa; artículo 34 de la Constitución francesa), cosa que no ocurre en el caso de España.
En las Cortes Constituyentes se quiso introducir la amnistía mediante dos enmiendas (núm. 504 y 744) al Anteproyecto Constitucional de 5 de enero de 1978. Sin embargo, el Constituyente rechazó su introducción por considerar que la amnistía era una técnica excepcional que trató de facilitar el proceso de transición política. En definitiva, lo que no se quiso incluir en 1978 en la Constitución vía enmiendas, se quiere incluir ahora por la vía de una ley especial para un prófugo.
Albiol (VOX) ha recordado en la sesión plenaria que Sánchez reconocía que "lo están estudiando" a la pregunta de una periodista sobre la amnistía. "VOX va a ser contundente en la defensa de la unidad nacional y del ordenamiento jurídico, y el próximo ocho de octubre estaremos en Cataluña para defenderlo", ha concluído el concejal de Cultura.
Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene ningún límite moral ni político y que está dispuesto a cualquier cosa con tal de continuar en la Moncloa. En este sentido, no nos ha de extrañar que vuelva a tender la mano a los herederos de ETA y los separatistas para incorporarlos en la dirección política del Estado a cambio de sus votos.
El legado de Sánchez será el del golpe continuo al orden institucional y el de la indulgencia con los criminales.
El “principio de jerarquía normativa” (artículo 9.3 CE) consagra la primacía de la Constitución sobre el resto de las normas del ordenamiento jurídico. Así, si una norma es contraria a la Constitución será inconstitucional. En este sentido, defender la constitucionalidad de una “Ley de Amnistía” amparándose en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (norma de rango inferior a la Constitución) supone una ruptura de dicho principio y evidencia la torpeza jurídica del PSOE y Sumar.
Cabe apuntar que los partidarios de la constitucionalidad de una “Ley de Amnistía” tratan de confundir a los españoles señalando que países como Francia y Portugal sí que han aprobado leyes de amnistía sin que ello haya supuesto problema alguno. Sin embargo, es conveniente matizar esta afirmación:
Ambos países reconocen expresamente la amnistía en sus textos constitucionales (artículo 161 de la Constitución portuguesa; artículo 34 de la Constitución francesa), cosa que no ocurre en el caso de España.
En las Cortes Constituyentes se quiso introducir la amnistía mediante dos enmiendas (núm. 504 y 744) al Anteproyecto Constitucional de 5 de enero de 1978. Sin embargo, el Constituyente rechazó su introducción por considerar que la amnistía era una técnica excepcional que trató de facilitar el proceso de transición política. En definitiva, lo que no se quiso incluir en 1978 en la Constitución vía enmiendas, se quiere incluir ahora por la vía de una ley especial para un prófugo.
Albiol (VOX) ha recordado en la sesión plenaria que Sánchez reconocía que "lo están estudiando" a la pregunta de una periodista sobre la amnistía. "VOX va a ser contundente en la defensa de la unidad nacional y del ordenamiento jurídico, y el próximo ocho de octubre estaremos en Cataluña para defenderlo", ha concluído el concejal de Cultura.
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